“Estas son las preguntas más frecuentes que recibimos” “Estas son las preguntas más frecuentes que recibimos”

Es una firma de abogados costarricense fundada en el año 2000 por Pedro Oller, enfocada en Derecho Corporativo y Derecho Público. Atiende tanto a empresas nacionales e internacionales como a inversionistas extranjeros y emprendedores.

Más de 25 años de trayectoria (fundada en el año 2000). En ese tiempo ha asesorado a más de 1,600 empresas nacionales e internacionales, ha ayudado a asegurar más de US$500 millones en contratos adjudicados por entidades de gobierno a sus clientes, y ha logrado más de US$200 millones a favor de clientes en litigios y arbitrajes.

El equipo está liderado por Pedro Oller (socio fundador) junto a otros cuatro socios: Roberto Esquivel (Derecho Público, desde 2001), Ricardo Vargas (Derecho Corporativo y Litigio, desde 2003), Rubén Hernández (Derecho Constitucional, desde 2011) y Luis Pal (Propiedad Intelectual, desde 2021). El equipo completo suma alrededor de 30 personas entre socios, asociados y personal de apoyo.

Sus dos grandes áreas son Derecho Corporativo y Derecho Público, que incluyen constitución y reestructuración de empresas, fusiones y adquisiciones, contratación pública, derecho administrativo, derecho constitucional, inmigración, cumplimiento regulatorio, propiedad intelectual, derecho ambiental, protección de datos, bienes raíces, financiamiento de proyectos y tributación, entre otras disciplinas.

Oller Abogados cuenta con certificación ISO 9001 en gestión de calidad, fue la primera firma legal en obtener el sello "Esencial Costa Rica", ha sido reconocida por directorios internacionales como Chambers and Partners, The Legal 500, IFLR y Latin Lawyer 250 en áreas como derecho administrativo, corporativo y M&A.

Es firma miembro de Ally Law e IR Global. Estas redes le permiten coordinar asuntos multijurisdiccionales para clientes con operaciones fuera de Costa Rica.

Sí. La firma atiende regularmente a inversionistas y empresas extranjeras, incluyendo compañías Fortune 500 con sede en Europa, Asia y América, y coordina gran parte del trabajo de forma remota, apoyándose en su red internacional cuando el caso involucra otras jurisdicciones.

Empresas tanto nacionales como multinacionales, además de inversionistas extranjeros, emprendedores y personas individuales que requieren asesoría en creación y desarrollo de negocios o gestión patrimonial.

Dado el perfil internacional de sus clientes (incluyendo compañías con sede en Europa, Asia y América), el equipo es completamente bilingüe en español e inglés.

Puede ponerse en contacto con nosotros a través del formulario disponible en la página de Contacto de este sitio web. Una vez recibamos su consulta, analizaremos la información proporcionada y nos comunicaremos con usted a la mayor brevedad para brindarle la orientación inicial y coordinar, de ser necesario, una reunión con uno de nuestros abogados.

Sí. La Constitución Política otorga a los extranjeros los mismos derechos que a los costarricenses para constituir sociedades y ser socios, sin necesidad de un socio local ni de un porcentaje mínimo de participación costarricense.

No. Se puede constituir y ser dueño de una sociedad sin residir en Costa Rica ni tener residencia legal. Administrar el día a día tampoco exige residencia, aunque trabajar de forma remunerada dentro del país sí requiere el estatus migratorio adecuado.

La S.R.L. suele preferirse por inversionistas extranjeros que inician operaciones: no requiere junta directiva completa (basta un gerente) y reduce trámites y costos de cumplimiento anual.

La S.A. exige presidente, secretario, tesorero y fiscal, y suele usarse en estructuras más grandes o cuando se buscan ciertas ventajas de gobernanza.

La elección depende del tamaño del proyecto y las expectativas de los futuros socios.

En general entre 4 y 6 semanas, dependiendo de la preparación de documentos, apostillas, traducciones y del tiempo de trámite en el Registro Nacional.

Normalmente pasaporte de los socios, poder especial para el trámite y, en algunos casos, documentos apostillados y traducidos oficialmente al español.

Cada caso es diferente, por lo que sugerimos contactarnos para brindarle una asesoría adecuada a sus necesidades y circunstancias.

Es un conjunto de incentivos fiscales (exoneración de impuestos de importación, del impuesto de traspaso de inmuebles, tarifas reducidas de renta, entre otros) otorgado por el Gobierno de Costa Rica a aquellas empresas que hacen nuevas inversiones y cumplen requisitos de generación de empleo e inversión de capital mínimo.

Aplica principalmente a manufactura, servicios, sectores estratégicos y exportación, sujeto a aprobación de PROCOMER.

Sí. Toda persona jurídica registrada en Costa Rica debe declarar anualmente ante el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales (RTBF) quiénes son las personas físicas que en última instancia poseen o controlan la sociedad.

El Registro Nacional no inscribirá documentos de la sociedad ni emitirá certificaciones de personería jurídica hasta que se regularice la declaración, lo que puede paralizar trámites, financiamientos o ventas.

Las tres categorías migratorias más usadas son Inversionista (inversión en bienes raíces y/o valores), Rentista (ingreso fijo no laboral) y Pensionado (pensión vitalicia). Cada una tiene requisitos de monto, origen de fondos y permanencia distintos.

El monto mínimo vigente es de US$150,000, tras la reducción aprobada en 2022 (antes era US$200,000). La inversión debe estar debidamente registrada en Costa Rica.

La ley reconoce, entre otras: inversiones en bienes raíces, proyectos productivos o de interés nacional, acciones o valores en el mercado costarricense, y proyectos de reforestación registrados.

No. La compra por sí sola no otorga residencia; es necesario presentar el trámite formal ante la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) con la documentación que acredite la inversión y cumplir el resto de requisitos.

El plazo legal es de 90 días naturales a partir de que la persona extranjera cumpla con todos los requisitos de conformidad con la categoría migratoria pretendida, aunque en la práctica el proceso suele tomar entre 6 y 10 meses dependiendo de la carga del Departamento de Extranjería.

No se puede trabajar por cuenta propia ni ser empleado de una empresa, aunque sí se puede ser dueño de una y recibir utilidades, o ser representante legal y recibir dietas.

No todo el año, pero sí existe una obligación mínima de presencia en el país (al menos un día al año, de forma referencial) para mantener el estatus vigente y poder renovarlo.

Después de tres años consecutivos de ostentar la residencia temporal, es posible solicitar el cambio a residencia permanente, la cual suprime todas las restricciones laborales.

Sí, la mayoría de las categorías permiten incluir como dependientes al cónyuge, hijos menores de edad y, en algunos casos, hijos estudiantes hasta 25 años de edad o padres (adultos mayores) dependientes económicamente.

Sí, fuera de la franja marítimo-terrestre no hay restricciones de nacionalidad para adquirir propiedad registrada, ya sea a título personal o a través de una sociedad.

Es la franja de 200 metros medida desde la pleamar ordinaria; los primeros 50 metros son de dominio público y los siguientes 150 metros se otorgan mediante concesiones municipales, no en propiedad plena.

Los extranjeros sin residencia no pueden ser titulares mayoritarios de una concesión, por lo que estas propiedades requieren un análisis legal distinto al de una propiedad titulada normal.

Como mínimo: estudio de registro (folio real, gravámenes, anotaciones), verificación de linderos y plano catastrado, situación de impuestos municipales y de Hacienda al día, permisos de uso de suelo, disponibilidad de agua y, si aplica, estudios ambientales o de concesión.

El traspaso genera un impuesto de 1.5% sobre el valor de la transacción o el valor fiscal (el que sea mayor), más honorarios notariales y gastos de inscripción registral.

Anualmente, el impuesto municipal sobre bienes inmuebles es de 0.25% del valor registrado.

Depende del objetivo: una sociedad facilita la sucesión, la administración conjunta entre socios y puede ordenar mejor la responsabilidad patrimonial, pero si se busca calificar para residencia como Inversionista mediante bienes raíces, algunas modalidades exigen que el inmueble esté a título personal.

Conviene definir la estructura antes de firmar la promesa de compraventa.

El ingreso por alquiler tributa como renta de capital inmobiliario a una tarifa del 15% sobre el ingreso bruto (con posibilidad de deducir un porcentaje de gastos según el régimen aplicable), independientemente de si el propietario es costarricense o extranjero.

Desde julio de 2019 aplica una tarifa del 15% sobre la ganancia (diferencia entre el precio de venta y el costo de adquisición más mejoras documentadas). Debe declararse y pagarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la venta.

No. La legislación tributaria costarricense no distingue por nacionalidad: se pagan las mismas tarifas de impuesto territorial, renta de capital y ganancias de capital.

Costa Rica aplica el principio de territorialidad: solo se grava la renta de fuente costarricense (generada por bienes, capital o servicios dentro del país). Los ingresos de fuente extranjera, en general, no tributan en Costa Rica aun si su titular es residente fiscal.

Es un impuesto anual sobre bienes inmuebles de uso habitacional (incluyendo casas de temporada y lujosas) cuyo valor supere un monto de exención que se actualiza cada año. Aplica tanto a propietarios costarricenses como extranjeros, con tarifas progresivas.

Sí. Los bancos locales permiten abrir cuentas a sociedades con socios o representantes extranjeros, aunque cada entidad tiene sus propios criterios de riesgo y puede solicitar documentación adicional sobre el origen de los fondos.

Además, el extranjero deberá viajar a Costa Rica a fin de firmar los documentos necesarios. Por último, indicar que existe una amplia probabilidad de que se requieran documentos adicionales para cumplir el proceso, y queda a total discrecionalidad de la institución financiera la apertura o no de la cuenta.

Típicamente: documento de constitución y estatutos, personería jurídica vigente, identificación de representantes y beneficiarios finales (pasaporte o DIMEX), certificación de ingresos o estados financieros, una proyección de ingresos a 6-12 meses (depende del banco el plazo de la proyección) y, en el caso de ciudadanos estadounidenses, formularios FATCA.

Puede añadir un paso: se debe nombrar un agente residente y, en algunos bancos, coordinar firma electrónica o apoderados locales para agilizar el proceso sin que los socios viajen al país.

Además, el representante debe viajar a Costa Rica a firmar los documentos y, en ese mismo viaje, completar la información personal y cualquier otra documentación adicional que pida el banco (formularios para extranjeros, FATCA en el caso de estadounidenses, etc.).