Por: Roberto Esquivel

La contratación pública en Costa Rica inicia una nueva etapa. A partir del 1 de diciembre de 2022 entró a regir una nueva ley y reglamento que regulan la actividad contractual con el Estado.  Esta normativa también regula la actividad contractual para las entidades públicas que participan en mercados abiertos a la competencia, como el de las telecomunicaciones y los seguros.

Con esta nueva etapa se inicia la contratación pública electrónica de todos los procesos de contratación y la ejecución de los contratos, los cuales se deben llevar a cabo a través de un sistema digital unificado para todos los entes públicos.  

Por medio de este sistema se procura cumplir con los principios constitucionales de transparencia, legalidad y publicidad de todas las etapas de los contratos administrativos.  De esta forma, todas las personas tienen acceso a todos los procedimientos de contratación, de forma tal que pueda existir un control ciudadano sobre la utilización de los fondos públicos. 

Asimismo, este sistema facilita a las empresas internacionales y nacionales su inscripción como proveedores del Estado.  Asimismo, desde cualquier parte del mundo les facilita acceder al desarrollo de los concursos licitatorios en los que participan y poder verificar que se les brinda un trato igualitario en la evaluación de sus propuestas. 

Es preciso señalar que en nuestro país no existen limitaciones para que las empresas extranjeras participen en las contrataciones con el Sector Público.  Por el contrario, se les garantiza la competencia en igualdad de condiciones y un marco jurídico estable que castiga fuertemente la corrupción. 

Esta ley promueve la innovación, el desarrollo económico y social, así como la protección ambiental y el bienestar general.   Para esto establece la necesidad de que en las contrataciones se incorporen criterios sociales, económicos y ambientales.   Así como, la posibilidad de desarrollar proyectos de investigación e innovación tecnológico mediante la figura de la asociación público – privada.  

Las empresas públicas que compiten en telecomunicaciones e infocomunicaciones, así como en el mercado de seguros, tienen la oportunidad de utilizar un procedimiento más expedito que los procedimientos ordinarios.  

En el caso de las empresas de las primeras, pueden utilizar este procedimiento especial para contratar obras, bienes y servicios que sean necesarios para comercializar productos y servicios en su mercado de competencia.   Por su parte, la empresa de seguros puede utilizarlo para contratar los servicios de intermediación de seguros y otros servicios. 

Además de la nueva normativa, el gobierno actual ha anunciado un nuevo megaproyecto de infraestructura.  Es un proyecto que se realizará en conjunto con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y que ha denominado “Ciudad Gobierno”. 

El objetivo es centralizar el área administrativa de 18 instituciones y ministerios en un sólo nicho al sur de San José. Se trata de un complejo con un área de construcción cercana a los 140,000 metros cuadrados que incorporará usos mixtos y permitirá el desarrollo comercial en plantas bajas mientras que los pisos superiores estarán destinados para oficinas y servicios. El proyecto ya adjudicó los planos al estudio de arquitectura Micucci Arquitectos con sede en Caracas, tiene un presupuesto estimado de US$450.000.000,00

Este plan está estructurado bajo un esquema de construcción de los edificios, su alquiler y transferencia (BOLT por sus siglas en inglés) por un plazo máximo de 25 años. El BCIE alquilará a Costa Rica los inmuebles hasta finalmente transferirlo en propiedad a la República. 

En el corto plazo, la entidad regional se encargará de formalizar el proyecto y ejecutar las actividades preparatorias (que incluyen permisos y estudios técnicos). Luego, el Banco preparará una licitación internacional para la construcción y el equipamiento del complejo gubernamental para luego licitar lo correspondiente a la operación y el mantenimiento del proyecto. La meta es adjudicar la construcción en el tercer trimestre de 2023 y empezar la edificación en el cuarto trimestre.

Adicionalmente, se ha anunciado que este año se iniciará con un proceso para la concesión de una carretera, la ampliación de un puerto, construcción de hospitales, entre otros. 

En materia de telecomunicaciones también se ha anunciado que pronto se iniciará el proceso licitatorio para la concesión de frecuencias para ofrecer servicios de telecomunicaciones con tecnología 5G.

Con estos cambios en la normativa y proyectos anunciados por las autoridades gubernamentales, Costa Rica ofrece a las empresas internacionales y nacionales nuevas oportunidades de desarrollo de negocios con el Sector Público, bajo un marco de seguridad jurídica y transparencia. 

Oller Abogados cuenta con un equipo de especialistas en materia de contratos con el sector público (contratación pública, infraestructura, energía, telecomunicaciones, tecnología, salud, etc.), con más de 22 años de experiencia, el cual siempre está dispuesto a asesorar a clientes internacionales y nacionales en sus proyectos en Costa Rica. 

Si usted ya tiene un proyecto con el sector público de nuestro país, o bien le interesa lograr exitosamente participar en los proyectos promovidos por entes en dicho sector, puede escribir a la siguiente dirección: resquivel@ollerabogados.com o al teléfono WhatsApp (506) 2257-1290.  

*Roberto Esquivel, es el Director de la práctica de derecho público en Oller Abogados. Cuenta con más de 30 años de experiencia en asesorar a empresas internacionales, nacionales, organismos internacionales y entidades públicas.  Asimismo, es árbitro y adjudicador en Dispute Boards, así como profesor universitario en la Universidad De La Salle.